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Juez de Texas bloquea la ley SB4 que obligaba a la policía a colaborar con las fuerzas de deportación

Un juez de San Antonio frenó por el momento gran parte de la medida que entraría en vigor el 1 de septiembre y busca eliminar las políticas santuario en Texas.

Apenas dos días antes de su entrada en vigor, un juez federal bloqueó temporalmente gran parte de la ley estatal SB4 de Texas, aunque dejó intacta una sección que habilitaría a los policías y alguaciles en todo el estado a preguntar sobre el estatus migratorio de cualquier persona durante una detención o arresto, incluso una parada de tránsito.

La decisión es una victoria temporal y a medias para la decena de condados y ciudades que demandaron al estado de Texas para frenar la medida.

El juez Orlando García decidió este miércoles que algunas partes de la ley no entrarán en vigor el próximo viernes, 1 de septiembre, como se había establecido cuando el congreso estatal aprobó la medida. Su implementación será frenada hasta que el juez decida si esas secciones violan los derechos de los texanos bajo la Constitución.

En general, el fallo prohíbe que se castigue a los líderes de Texas por adoptar políticas santuario, por lo que alcaldes, jefes de policía, alguaciles y universidades podrán seguir limitando su cooperación con agentes de inmigración.

Esto significa que los policías y alguaciles pueden efectivamente prohibir que sus agentes cooperen con el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) sin ser multados o despedidos. También significa que las cárceles no estarán obligadas a detener inmigrantes cuando ICE se lo pide sin una orden judicial.

Sin embargo, el juez no falló sobre la sección que permitiría a los policías preguntar sobre el estatus migratorio de una persona durante una detención, algo que quedaría a discreción del oficial.

En un documento de 94 páginas, el juez García opinó que "hay evidencia abrumadora" de que la aplicación de la ley "erosionará la confianza pública y hará menos seguros a muchas comunidades y barrios. Existe también amplia evidencia de que las localidades sufrirán consecuencias económicas adversas que, a su vez, perjudicarán al estado de Texas".

En el fallo agregó que "el Estado no puede ejercer su autoridad de una manera que viole la Constitución de los de los Estados Unidos 

Celebración a medias

El Caucus Nacional de Legisladores Estatales Hispanos (NHCSL), si bien recibió con beneplácito la decisión, criticó el hecho que el juez García no haya impedido que la policía y otros funcionarios soliciten información sobre el estatus migratorio de las personas durante una detención legal.

“Exhortamos a los agentes a que piensen en su rol comunitario vital y voluntariamente rehúsen hacerlo”, dijo Kenneth Romero-Cruz, director ejecutivo del NHCSL. “De esta forma, los policías locales no se ganarán reputación de agentes de inmigración”, agregó.

La NHCSL, que representa los intereses de 400 legisladores estatales de ambos partidos en legislaturas estatales alrededor del país, dijo además que la SB4 “no debería tener lugar alguno en nuestro sistema de justicia”, y señaló que se trata de una legislación que “da en el traste con el estado de derecho, limita el derecho de libertad de expresión de los funcionarios públicos de Texas, e injustificadamente señala a las minorías como blanco de persecución por su apariencia o la forma en que hablan y no por ningún crimen que hayan cometido”.

La decisión fue aplaudida por la alguacil Sally Hernández, cuyas políticas santuario en el condado de Travis han sido duramente criticadas por el gobernador Greg Abbott.

"Estoy contenta con la decisión del juez. Creo que las comunidades locales serán más fuertes y seguras cuando la justicia y la seguridad sean una realidad para todos",afirmó Hernández.

El gobernador, por su parte, criticó el fallo al conocerse la noticia: "La decisión de hoy solo logrará que las comunidades de Texas sean menos seguras. Por esta decisión los pandilleros y criminales peligrosos -como aquellos puestos en libertad por la sheriff Sally Hernández- estarían libres y seguirían amenazando a nuestras comunidades” dijo en un comunicado.

El Mexican American Legal Defense and educational Fund (MALDEF), indicó que el fallo del juez García “bloquea todas las provisiones que desafiamos: interrogatorio policial sobre el estatus migratorio, detenciones obligatorias de ICE en cárceles locales y restricciones a la libertad de expresión de los funcionarios locales”.

“Como resultado, estas provisiones no entrarán en vigencia el 1 de septiembre”, dijo Nina Perales, vicepresidente de Litigios de MALDEF en un comunicado.

Poco después del dictamen, el presidente del Comité Nacional Demócrata, Tom Perez, dijo que la SB4 es “una ley cruel, peligrosa e inconstitucional que nunca debió haber sido aprobada”.

¿Qué es la SB4?

La SB4 fue aprobada en la primavera por legisladores republicanos, luego de que Abbott declarara como prioridad eliminar las ciudades santuario en Texas.

Además de prohibir que cualquier autoridad local limite su cooperación con agentes federales de inmigración, la medida también obligaría a las autoridades a cumplir con las solicitudes de detención de ICE, estableciendo incluso multas y castigos para los funcionarios que no cooperen con las deportaciones.

Entre mayo y junio, varios funcionarios públicos demandaron al estado de Texas para detener la medida, entre ellos líderes de ciudades como El Cenizo, Dallas, Austin, San Antonio, El Paso y Houston; oficiales de los condados de Maverick, Travis y El Paso; y abogados de organizaciones como ACLU, MALDEF y LULAC.

 

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