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El gobierno de Trump reconoce que separó casi a 2,000 niños de sus padres en la frontera

Las separaciones forzadas por los cargos criminales contra los padres de los menores ocurrieron entre el 19 de abril y el 31 de mayo informó el Departamento de Seguridad Nacional. Es resultado de la aplicación de la nueva política de ‘tolerancia cero’.

Las separaciones ocurrieron entre el 19 de abril y el 31 de mayo, dijo a periodistas un vocero del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Agregó que la aplicación de la nueva política de ‘tolerancia cero’ afectó a 1,940 adultos, quienes enfrentan cargos criminales.

La política de ‘tolerancia cero’ anunciada a principios de abril por el fiscal general Jeff Sessions, ha sido fuertemente criticada por la oposición demócrata, jueces de inmigración, republicanos moderados en ambas cámaras del Congreso, religiosos, abogados, grupos de derechos humanos y organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes, entre otros.

Tres semanas después del anuncio de la implementación de la dura política migratoria en la frontera, Sessions anunció que el gobierno negará protecciones por violencia doméstica y de pandillas, debido a que estas causas no se encuentran contenidas en la ley de asilo.

“La reciente decisión de la Fiscalía despierta una profunda preocupación porque, potencialmente, le quita el asilo a muchas mujeres que carecen de protección adecuada”, dijo el jueves el cardenal Daniel DiNardo, presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos (USCCB). “Estas mujeres vulnerables ahora enfrentarán el retorno a los peligros extremos de la violencia doméstica en su país de origen”, subrayó el prelado.

Cómo y cuándo pedir asilo
Las explicaciones del gobierno sobre de la implementación de la política de ‘tolerancia cero’ en la frontera se dan en medio de llamados urgentes para detener las separaciones de niños y familias, y que garanticen a quienes huyen a causa de la violencia el derecho a buscar refugio para salvar sus vidas.
 
Pese a ello, el DHS se limitó a indicar cuál es el camino que deben seguir los arrestados y separados de sus hijos, e insistió que seguirá formulando cargos criminales a los inmigrantes que crucen indocumentados por lugares no autorizados.
 

El Fiscal General envió fiscales a la frontera con México “para enjuiciar a todos los adultos que ingresen ilegalmente al país, incluidos los que estén acompañados por sus hijos”, precisó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Indicó además que aquellos migrantes o adultos que vienen con menores, serán separados y los niños cuyos padres sean referidos a un tribunal, “serán entregados a la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR) del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS)”.

Una vez finalizados los procesos penales, los adultos procesados “serán transferidos a la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para el procedimiento de deportación”, precisó. “Cualquier persona que esté sujeta a expulsión puede, en el curso del procedimiento de inmigración, solicitar asilo u otro alivio o protección contra la expulsión”, añadió.

“El hecho de que un individuo haya sido enjuiciado por entrada ilegal no afecta este derecho”, puntualizó el DHS.

Por qué los separan

Si bien el gobierno de Trump ha asegurado que no tiene una política de separación de menores en la frontera, lo sigue haciendo.

El DHS advirtió que “puede separar a un padre de su hijo o tutor legal por varias razones, incluidas situaciones en que sus agentes no pueden determinar la relación con los padres, cuando DHS determina que un niño puede estar en riesgo con el supuesto padre o legal o tutor, o si un padre o tutor legal es remitido para enjuiciamiento criminal, incluso por entrada ilegal al país.

Cabe destacar que la presencia indocumentada constituye una falta de carácter civil no criminal. Pero el 25 de enero del año pasado, Trump, al firmar las órdenes ejecutivas sobre la construcción del muro en la frontera con México y las jurisdicciones (ciudades) santuario, decretó que la presencia indocumentada constituye una amenaza a la seguridad pública y nacional de Estados Unidos.

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