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Tribunales de inmigración tienen atasco de más de 692,000 casos, dice funcionario de Administración

WASHINGTON— La Administración Trump ha convertido las protecciones de menores en sinónimo de “lagunas legales” que el Congreso debe eliminar pero mientras tanto, sobre el terreno, tampoco ha mejorado el atasco de más de 692,000 casos pendientes en los tribunales de Inmigración, según expertos.

Durante una presentación en el Club Nacional de Prensa, James McHenry, director de la Oficina Ejecutiva para la Reforma Migratoria (EOIR),  a cargo de los tribunales de Inmigración, dijo hoy que, en la actualidad, el atasco en los tribunales ya superó los 692,000 casos activos, aparte de los 330,000 casos en trámites de “cierre administrativo”.

“Siempre está la posibilidad de más casos” y aún con la contratación de más jueces, la eliminación de este “tapón” en los tribunales podría tomar “años”, afirmó McHenry, durante un encuentro organizado por el conservador Centro de Estudios de Inmigración (CIS).

 

Un análisis reciente del proyecto “TRAC” de la Universidad de Syracuse corroboró la advertencia de McHenry al indicar que, en todo EEUU, hay un total de 692,298 casos pendientes de resolución en los tribunales de inmigración.

La EOIR supervisa a los 334 jueces de Inmigración distribuidos en 58 tribunales en todo el país. La Administración Trump solicitó más fondos para la contratación de jueces adicionales y así sumar 700, pero el Congreso sólo autorizado fondos para 150 más.

McHenry reconoció que, en el anticuado sistema actual, puede tomar hasta un año contratar a un juez, pero expresó confianza en que un programa piloto para digitalizar los expedientes de los tribunales ayude a agilizar la contratación de jueces.

 Una fuente del Departamento de Justicia, que pidió el anonimato, dijo hoy a este diario que la agencia ha puesto en marcha un plan para agilizar la contratación de jueces, con la meta de reducir la espera de 10 meses a entre 6 y 8 meses este año.

En días recientes, la oficina de McHenry ya había advertido de que el aumento de detenciones en la frontera sur agravaría el atasco en los tribunales porque, en el marco del debido proceso, los inmigrantes indocumentados tienen derecho a acudir a esos tribunales a defender sus casos.  En la actualidad, la resolución de un caso toma un promedio de 561 días.

La semana pasada, el fiscal general, Jeff Sessions, informó ante un subcomité del Senado, que dejara en pie el “Programa de Orientación Legal” (LOP), que cada año ofrece orientación a poco más de 50,000 inmigrantes en centros de detención sobre sus derechos.

McHenry no tocó el tema de los casos de niños no acompañados, en unos momentos en que la Administración ha adoptado la práctica de separarlos de sus padres en la frontera.

Desde principios de mes, la Administración Trump ha mantenido una intensa campaña de presión para que el Congreso cierre las “lagunas legales” que, a su juicio, alientan la emigración ilegal desde Centroamérica a EEUU.

En realidad esas “lagunas” son las protecciones que garantizan las leyes y acuerdos actuales para poblaciones vulnerables que huyen de la violencia, dijo a este diario Brian Griffey, investigador de Amnistía Internacional.

El gobierno de EEUU se abre a la posibilidad de más demandas, por su práctica de violar el debido proceso de los inmigrantes que llegan a la frontera sur, advirtió el experto.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) insiste en que solo busca el bienestar y la seguridad de los niños para que éstos no caigan en manos de traficantes de personas.

Pero, según grupos como Amnistía Internacional y el Centro Nacional de Leyes de Inmigración (NILC), si la meta es proteger a los niños no acompañados, la Administración debe cesar la práctica de separarlos de sus padres y demás familiares.

Las políticas actuales “dan pie a una propaganda batalla legal, no solo para los menores… esta administración ha demostrado que está dispuesta a violar las leyes para defender posturas ilegales, aún cuando se traducen a costosas batallas legales que están perdiendo”, dijo a este diario Avideh Moussavian, abogada de NILC.

Además, la agencia ha reducido drásticamente la concesión de estatus legal especial para jóvenes inmigrantes que han sido víctimas de abuso o negligencia, de una tasa de aprobación de 78% en 2016 a 54% en el año fiscal 2017, según datos oficiales.

La semana pasada, Steven Wagner, a cargo de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR) del Departamento de Salud y Recursos Humanos reconoció que la agencia le perdió el rastro a cerca de 1,500 menores de edad, una vez que éstos salieron de sus instalaciones y fueron entregados a familiares o adultos responsables.

Consultada por este diario, ORR no ha respondido a una solicitud de este diario sobre las medidas para mejorar el monitoreo de los menores bajo su custodia.

 

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